Resumen: En este caso, desde que se efectúa la solicitud de constatación de fuerza mayor en fecha 21 de junio de 2021, hasta que se dicta resolución, fecha 15 de julio de 2021, transcurren un total de 18 días hábiles, y un total de 20 días hábiles hasta ser notificado, lo que excede, con creces el plazo de 5 días hábiles máximo para dictar resolución. No puede excusar la administración su falta de resolución en el tiempo legalmente exigido sobre la base de tal fundamento y ello por cuanto se afirma que, la suspensión de los plazos provocada por la resolución de la dirección general de fecha 16 de junio de 2021, afecta, entre otros a los procedimientos previstos en el Reglamento aprobado por el Real decreto 1483/2012, de 29 de octubre, aplicable al expediente de referencia y que el plazo se ha visto suspendido desde fecha 16 de junio de 2021 a fecha 8 de julio de 2021 cuando constan actuaciones efectuadas en el expediente administrativo en el plazo comprendido entre las citadas fechas, y en concreto, al menos, en fecha 3 de julio de 2021, en que se efectuó actuación de entrada y registro de la solicitud efectuada por la parte demandante en el registro del Ministerio de Trabajo y Economía Social
Resumen: Combate la Mútua el desfavorable pronunciamiento de instancia que reconoce al beneficiario la prestación por cese de actividad. Atendiendo a los cánones hermenéuticos a seguir en la aplicación de su normativa reguladora (en el contexto de la Legislación-Covid) considera la Sala correcta la tesis de la recurrente al considerar que el acuerdo denegatorio de la prestación resulta del régimen común de la prestación litigiosa (con las especialidades introducidas por el RD-ley 24/2020; pero entre las que no se encuentra la exención de las incompatibilidades). Y si bien es cierto (avanza el Tribunal en su razonamiento) que con posterioridad el legislador ha querido permitir la compatibilidad limitada entre la prestación de cese de actividad y el desempeño del trabajo por cuenta ajena, ello se habrá debido a diversas razones (como son las de asegurar con mayor amplitud la percepción de ingresos por los trabajadores autónomos) explicitadas de forma expresa e inequívoca; que pugna con su silencio en relación a situaciones jurídicas previas a la entrada en vigor de su revisada normativa.
Resumen: PRIMERO.- Frente a la sentencia que estima, en los términos recogidos en el primer antecedente de la presente resolución, la demanda interpuesta por D. Felicisimo y Dª Valle contra D. Gabriel, recurre en apelación la representación de éste solicitando su revocación parcial, por lo que respecta al pronunciamiento de costas, interesando que se deje sin efecto la imposición de costas a su representado.
